¿La no Injerencia en Asuntos Internos? ¿Qué significa?

Por Jérémie Swinnen

La no injerencia en asuntos internos es frecuentemente invocada en la práctica internacional, no obstante poco se suele saber cuándo se invoca este principio del derecho internacional público, plasmado en resoluciones como la 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en su Carta Orgánica en el art. 2.7.

¿Cuáles son los asuntos internos de un Estado? ¿Cuál es el límite de la intervención por parte de la Comunidad Internacional?

Recientemente todos leímos como la Canciller Venezolana, acusaba al Presidente argentino de ingerir en los asuntos internos de Venezuela cuando Mauricio Macri hizo alusión a la pronta liberación de los presos políticos en ese país. Ya antes de esa alusión sabíamos que pensaba él acerca del respeto de los derechos humanos en Venezuela.

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La respuesta fue sin embargo muy dura por parte de la Canciller, invocando este principio y acusando a la Argentina de violarlo.

Analicemos esto desde una óptica técnica y meramente jurídica. El principio de no intervención es expresado en la resolución 2625 como: “La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta”.  (El subrayado es mío)

Nos cabe preguntar ¿Qué entender por jurisdicción interna? ¿Dónde está el límite entre la jurisdicción interna y la internacional? Para ir al grano, ¿es el respeto de los derechos humanos materia únicamente de jurisdicción interna? Sin lugar a dudas, el respeto de los derechos humanos ha entrado desde hace tiempo ya en materia importante del derecho internacional.

Para entender mejor esto último es útil tener en claro lo que se llama en derecho internacional, el concepto de obligaciones erga omnes. Este tipo de obligaciones, como son por ejemplo aquellas que derivan del cumplimiento de los derechos humanos más esenciales (como las que se encuentran en el Pacto de San José de Costa Rica, tratado al cual está subscripto Venezuela), tienen la característica, por su importancia y por su naturaleza, de ser normas en las cuales todos los estados poseen un interés jurídico a que las mismas se cumplan y no sean violadas. Precisamente porque reflejan valores fundamentales del orden jurídico contemporáneo.

Vamos más al grano (ya que mucho podría escribirse sobre este tema), ¿Qué puede hacer un tercer estado ante el incumplimiento de este tipo de obligaciones por parte de un Estado? Para esta respuesta debemos remitirnos al trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, aprobada por la Asamblea General en la resolución 56/83 del 12 de diciembre de 2001. En dicho texto que habla sobre la Responsabilidad Internacional del Estado, existe un apartado claro sobre las consecuencias de violaciones de obligaciones erga omnes, como son las violaciones de los derechos humanos. ¿Qué es lo que dice dicho documento? Que ante este tipo de obligaciones, incluso cualquier estado distinto al lesionado, tendrá derecho a invocar la responsabilidad de otro Estado, pudiendo reclamar la cesación del hecho internacionalmente ilícito y las seguridades y garantías de no repetición.

Fin de la cuestión.

Por Jérémie Swinnen

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