¿Podría los Estados Unidos intervenir en Siria? (Por Jérémie Swinnen)

Algunas personas me han preguntado mi opinión con respecto a una posible intervención en Siria por parte de los Estados Unidos.  En esta nota no hare un examen en cuanto a la legitimidad m oral o no que un país tercero como los EEUU pueda tener a la hora de querer intervenir. Ello puede ser susceptible de muchas controversias y opiniones subjetivas. El derecho no lo es menos muchas veces, pero en este caso sí resulta ser una respuesta más sólida y objetiva. Me centrare, de manera breve y  sencilla, en el aspecto legal  ¿Puede los EEUU intervenir sin el consentimiento de un gobierno para “ayudar a una población”? ¿Puede un país alegar una intervención humanitaria para justificar una intromisión, mismo si es para proteger una población frente a atrocidades cometidas por su propio gobierno?

Cuando violaciones graves a los derechos humanos son cometidas en cualquier parte del mundo sin que el gobierno pueda hacer nada al respecto para frenar tal masacre, o mismo cuando este es responsable, vemos, a veces, como terceros países quieren encontrar una forma de intervenir.

Vamos a partir de la base de que la intervención humanitaria a través del uso de la fuerza está prohibida. Solo existen 2 excepciones a la regla. 1) Por medio de la autorización y la actuación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Art 42 de la Carta de las NU) y 2) En caso de legítima defensa (art. 51 de la Carta de las NU).

Otra de las posibilidades es a través de la intervención solicitada. Es decir cuando un Estado pide ayuda a otro para que este colabore contra un grupo armado interno (caso reciente de Mali cuando solicito la ayuda de Francia). Aquí no entraría el uso de la fuerza armada contra la soberanía de un país, dado que es el gobierno del primero que hace el llamado a la intervención del segundo.

¿Pero qué sucede cuando el gobierno niega la intervención armada? (Caso de Siria)

Fuera de estas excepciones priman los principios de prohibición de amenaza y uso de la fuerza y el principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, ambos principios en la Carta, art. 2.4 y 2.7 respectivamente.

Muchos Estados trabajan hoy para desarrollar una nueva concepción acerca de la intervención humanitaria para tratar de ganar legitimidad y adeptos en cuanto a esta modalidad. El nombre es reemplazado por Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en ingles). Esta doctrina trata de mimetizar con este nombre, en realidad, más de lo mismo pero dicho de manera más suave. Esto quiere utilizarse como argumento por algunos países para justificar una intervención unilateral. Existen diferentes argumentos que tratan de encontrarle Derecho a estas actuaciones. Una de ellas es a través una interpretación implícita que se le quiere dar al art. 2.4 de la Carta que dice que: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas” Como el Estado intervendría con un propósito que no resultaría “explícitamente incompatible con los propósitos de las NU” (dado que estaría tratando de ayudar a hacer respetar los derechos humanos de una población determinada) el uso de la fuerza en esos casos podría estar permitida.

Sin embargo esta interpretación es demasiado forzada y es rechazada por gran parte de la doctrina. Dista todavía de ser comúnmente aceptada. Además la Corte Internacional de Justicia ha, en más de una oportunidad, reafirmado la imposibilidad de un derecho de intervención a través del uso de la fuerza.1

Una organización con sede en Canada, The International Commission on Intervention and State Sovereignity, encargada de analizar y realizar aportes en cuanto a la R2P establece, no obstante, ciertos criterios indispensables: Graves violaciones a gran escala de los derechos humanos, una correcta intención en quienes intervienen, modalidad de último recurso, proporcionalidad, una perspectiva razonable de que la intervención ayudara a paliar el problema y no a la inversa como tantas otras veces ha sucedido, y finalmente autorizada y lanzada por la debida autoridad. En este caso solo lo es actualmente el Consejo de Seguridad, que falla en su tarea generalmente por estar extremadamente politizado y bloqueado por el veto de los países permanentes de dicho órgano.

¿Cuál es mi opinión acerca de este conflicto con respecto a la intervención?

Creo que la soberanía y el respeto por la humanidad no deberían ser tomados como principios opuestos, sino como 2 caras de una misma moneda. La idea de soberanía debería traer aparejada la idea de responsabilidad.

Hoy no existe derecho alguno a la intervención armada. El análisis de diferentes intervenciones entre los periodos de 1945 y 1990 por investigadores de la Comisión, concluyen, paradójicamente, que “intervenciones con justificaciones humanitarias han sido de hecho más fuertes en casos donde puros motivos humanitarios no eran tan necesarios como otros casos.”

Debe darse un replanteo y limite al concepto de soberanía cuando atrocidades a gran escala contra una población son cometidos, especialmente bajo la responsabilidad de su propio gobierno. Pero al mismo tiempo es necesario velar por encontrar un mecanismo que asegure que no cualquier Estado pueda intervenir a su propio antojo, sino solo a través de una autoridad que tenga dichas funciones (hoy el Consejo de Seguridad). De otra forma se daña toda una estructura legal de contención que existe gracias a mucho esfuerzo y sobre todo porque resulta contraprducente querer proteger a la humanidad por medio de la fuerza.

El otro problema consiste en el bloqueo del Consejo de Seguridad por razones geo-políticas que acarrea en la practica 2 grandes consecuencias: Que la inactividad y los gritos de Rwanda se repitan (Darfur, Zimabawe, hoy Siria) y segundo, el intentar encontrar intervenciones justificadas por la moral y no por el derecho, creando operaciones fuera de un marco y autoridad legal como fue por ejemplo Irak en 2003.

Una posible solución podría ser encontrada a través del análisis de un rol más activo e importante de la Asamblea General de las NU, órgano democrático por excelencia de esta organización, especialmente cuando el Consejo de Seguridad sea inoperante en encontrar una solución rápida y efectiva, para que pueda actuar por derecho y no solo a través de simples recomendaciones de intervención. La Asamblea General en el caso Sirio no tendría ningún poder cual el Consejo de Seguridad para autorizar jurídicamente el empleo del uso de la fuerza. Un debate entre legitimidad y legalidad actualmente no haría más que entorpecer las cosas, no dando un marco legal adecuado en desgracia de las personas que sufren a la espera de respuestas. Es una buena idea que se siga trabajando por ende sobre este punto.

Por último, es importante insistir en poseer razonables oportunidades de que la intervención resulte mejor que no intervenir en lo absoluto. En Irak y Afganistán todos aprendimos lo difícil que puede resultar este camino.

Recordar también que aquellos grupos de países que realizan una intervención armada no solo deberían exportar el uso de la fuerza que proviene de sus países sino también los derechos que protegen a sus propios ciudadanos, ampliando la esfera de protección, jurisdicción y responsabilidad para con los personas situadas en los lugares donde se efectúan las operaciones cuando estos controlan un territorio que no les es propio.

En conclusión, la intervención unilateral no está permitida y pese la voluntad de querer hacerlo o no y de las razones que la motivan, siempre es aconsejable actuar bajo la existencia de reglas de juegos claras que no deslegitimicen los avances que se han ido haciendo los últimos años para crear un sistema internacional de contención. Trabajar para tener instituciones más sólidas y sobre todo eficaces. Insisto que la intención de esta breve nota no ha sido la de opinar acerca de la legitimidad, sino de contar como están las cosas hoy desde el punto de vista legal y lo que puede o no hacerse en derecho internacional.

Jérémie Swinnen

  1. International Court of Justice (ICJ), Corfu Channel, UK of Great Britain and Northern Ireland-Albania), Judgement, ICJ Reports 1949, para. 29; S. Chesterman, aboce note 7, p. 54. ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgement, ICJ Reports 1986, para. 268.A protestor holds a sign during a womenSyrian refugees wave Turkish and Syrian Independence flags during a protest against Syria's President Bashar al-Assad at Yayladagi refugee camp in Hatay province on the Turkish-Syrian border
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